El Gobierno alemán y las marcas acuerdan un plan para salvar los coches diésel
Los fabricantes se comprometen a reducir las emisiones y a premiar el cambio hacia autos menos contaminantes.
El Gobierno alemán y los máximos representantes de la industria automotriz dieron a conocer este miércoles un inédito pacto destinado a evitar la desaparición de unos 15 millones de coches diésel en las grandes ciudades alemanes. En el marco de la llamada “Cumbre del diésel” que se celebró en la sede del Ministerio de Interior, los jefes de Volkswagen, BMW, Daimler AG, y Ford se comprometieron a rebajar las emisiones de dióxido de nitrógeno (Nox) en más de un 25% hasta finales de 2018. Para alcanzar esa meta, los fabricantes instalarán un nuevo software en 5,3 millones de vehículos de las clases Euro 5 y Euro 6, una medida voluntaria que no tendrá costes para los propietarios.
El acuerdo dado a conocer en la capital alemana también incluye el compromiso de las cinco firmas que fabrican coches en Alemania de promover la compra de coches diésel no contaminantes (Euro 6) o de automóviles eléctricos con medidas extraordinarias, como, por ejemplo, financiar con premios en efectivo la compra de vehículos modernos. BMW, por ejemplo, anunció un “premio de medio ambiente” de hasta 2.000 euros para los propietarios que deseen cambiar sus coches de la clase Euro 4, bajo la condición de que adquieran el modelo eléctrico I3, un coche híbrido a diésel de la clase Euro 6. La acción tendrá vigencia hasta finales de 2017.
Daimler AG prometió, por su parte ofrecer una suma de cuatro dígitos a los propietarios de coches de la clase Euro 1 hasta Euro 4, bajo la condición de que adquieren un nuevo modelo de la marca Mercedes Benz, una acción que también será imitada por Volkswagen y por Ford.
“Los resultados todavía no son suficientes, pero es un primer paso importante porque reduce las emisiones. La industria automotriz está en camino de entender que debe adoptar medidas a favor del medio ambiente, de los propietarios de coches diésel y defender su posición en Alemania, pero todavía no estamos al final del camino”, indicó la ministra de Medio Ambiente, Barbara Hendricks.
Sentencia judicial
La meta de la reunión, que fue convocada por los ministros de Transporte, Alexander Dobrindt (CSU) y Barbara Hendriks (SPD) y en la que participaron los jefes de Volkswagen, Daimler AG, BMW, Opel y Ford, además de los jefes de gobiernos de nueve Estados federados, era encontrar soluciones concretas para reducir los niveles de dióxido de nitrógeno para evitar las restricciones a la circulación de vehículos diésel en unas 16 grandes ciudades alemanas, un pesadilla que comenzó a concretarse el viernes de la semana pasada en Stuttgart, donde un juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo pidió una rápida prohibición de la circulación de vehículos diésel en esa ciudad.
En su sentencia, el juez Wolfgang Kern le dio la razón a una demanda presentada por la organización Deutsche Umwelthilfe (Ayuda para el Medio Ambiente alemán), que pedía prohibir la circulación de coches diésel a partir del 1 de enero de 2018 en esa ciudad, con un argumento que sobresaltó a los las grandes firmas. El juez Kern, sentenció que la protección de la salud de los habitantes tiene prioridad sobre los derechos de los propietarios de vehículos diésel.
La sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo hizo creer al Gobierno y a las centrales de la industria automotriz que la decisión de Stuttgart podría crear un precedente para otras ciudades alemanes donde la emisión de dióxido de nitrógeno ha sobrepasado todos los límites permitidos como es el caso se Berlín, Hamburgo, Múnich, Frankfurt, Bonn, Colonia entre otras, donde ya existen demandas presentadas por la Deutsche Umwelthilfe.
“Queremos mejorar la tecnología diésel en lugar de prohibirla. Una prohibición sería un autogol político del medio ambiente”, indicó Dieter Zetsche, consejero delegado de Daimler AG.
La prohibición para la circulación de unos 15 millones de vehículos diésel es peor que una espada de Damócles para la industria y para el Gobierno. Al menos unos 600.000 puestos de trabajo dependen de la fabricación de coches diésel y si la justicia admite las demandas que ya han sido presentadas en 16 grandes ciudades, el descontento de unos 15 millones de propietarios se puede volcar en las urnas el próximo 24 de septiembre.
“Hemos exigido a la industria automotriz una nueva cultura de responsabilidad. Las prohibiciones solo se pueden evitar con una clara reducción de las emisiones tóxicas”, precisó el ministro de Transporte, Alexander Dobrindt.