El genocidio ixil aguarda por la justicia
Por Maitté Marrero Canda
Cuando se pensaba en la justicia para el pueblo ixil como un tema agotado, uno de los tribunales más importantes de Guatemala, el de Mayor Riesgo A, pone la mirada en tres militares que ejercieron una gran cuota de poder político y de seguridad en esta nación.
Las investigaciones de la fiscalía de Derechos Humanos y de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) apuntan al periodo de julio de 1978 a marzo de 1982, cuando gobernó Fernando Romeo Lucas y ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos en Nebaj, Cotzal y Chajul, en el departamento de Quiché.
Con dos antecedentes en que el término genocidio resonó con fuerza pero la impunidad se impuso -juicios al exdictador Efraín Ríos (2013) y su jefe de inteligencia militar José Mauricio Rodríguez (2018) -, los querellantes confían en que finalmente se pruebe una campaña planificada para exterminar a la población indígena ixil.
La luz en el largo túnel se prendió el 5 de noviembre del pasado año, cuando inició la audiencia de primera declaración contra Manuel Benedicto Lucas, Manuel Callejas y Callejas, y César Octavio Noguera después de varias vistas suspendidas por sus abogados para ganar tiempo.
Luego del fallecimiento del expresidente Lucas García en 2006 (Venezuela), los únicos responsables vivos son su hermano, Lucas, quien encabezó el Estado Mayor General del Ejército; Callejas, exjefe de Inteligencia Militar, y Noguera, antiguo jefe de Operaciones de esa institución armada.
Los primeros son rostros ya conocidos en tribunales, pues en mayo de 2018 fueron condenados a 58 años de cárcel por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen y los vejámenes contra su hermana Emma, en un hecho histórico para la justicia guatemalteca.
Ambos guardaban ya prisión; en el caso de Benedicto, en el Centro Médico Militar por su avanzada edad y enfermedades, aunque también aparece implicado en otro proceso abierto por el hallazgo de más de 500 osamentas en el centro militar de Cobán, Alta Verapaz (Creompaz).
Nogueras resultó capturado el 24 de octubre de 2019 e igualmente recibió el beneficio preventivo por sus años.
El expediente hoy en manos del juez Miguel Ángel Gálvez resume 31 masacres, mil 421 víctimas, 23 aldeas arrasadas, 97 muertes selectivas, 117 por desplazamiento forzado, 26 casos de violencia sexual y 53 desapariciones forzadas.
Son relatos de sobrevivientes, peritajes científicos y antropológicos, exhumaciones y planes militares desclasificados que la Fiscalía presentó como pruebas de culpabilidad para abrir el camino hacia un juicio.
Uno de los hallazgos revelados por la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala da cuenta de un gran porcentaje de osamentas de niños entre 0 y 10 años, lo cual prueba que no fue un ataque contra la guerrilla -como argumenta la defensa-, sino contra las comunidades indígenas con el fin de exterminarlas.
También apuntalan la misma hipótesis el hecho de que las masacres fueron selectivas, ordenadas contra determinado grupo o comunidad por la simple suposición de considerarlas cercanas a los grupos alzados en armas contra el régimen militar de turno.
La Fiscalía y la AJR defienden, también, la idea de que el genocidio no se construyó ni ejecutó solo durante el mandato de Ríos Montt, si bien fue el período más sangriento.
A juicio de la Unidad de Delitos del Conflicto Armado Interno (Ucai), en la época de Lucas García hubo directivas y órdenes operacionales que identificaban al sector ixil como una zona roja que debía ser controlada, lo cual dio lugar a numerosas masacres.
Así se pasó de la identificación a la intervención, asegura Erick de León, quien dice contar hoy con muchos más medios de prueba y testigos dispuestos a dar su declaración.
El Ilom y otras piezas del genocidio A finales de 1979, las noticias de masacres en otras aldeas y comunidades indígenas no eran ajenas para El Ilom, ubicada en el municipio de San Gaspar Chajhul, Quiché, a 295 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.
Un grupo de 150 soldados llegó allí por primera vez en esa fecha como parte de la estrategia del Ejército para recabar información de inteligencia e identificar a simpatizantes de la guerrilla y a quienes consideraban guerrilleros (fase de reconocimiento).
Hasta 1981, los militares iban básicamente a 'visitarlos'; después, su presencia aumentó con la instalación del primer destacamento en la zona, en una finca llamada La Perla, ubicada a cuatro kilómetros de El Ilom.
A partir de entonces, esquivar las operaciones era cada vez más difícil para sus pobladores y las cosas cambiaron radicalmente el 23 de marzo de 1982.
Mientras en la ciudad de Guatemala un grupo de oficiales jóvenes lideraba el golpe de Estado que llevó al poder a Efraín Ríos Montt, en la aldea ocurría la mayor masacre, cuando soldados y patrulleros civiles cercaron el pueblo en la madrugada para que nadie escapara, quemaron casas, cosechas y ejecutaron a 96 supuestos guerrilleros frente a sus familias.
Sin embargo, no les bastó, obligaron a los sobrevivientes a sepultar a sus seres queridos en cuatro fosas comunes.
Los crueles relatos viajan en el tiempo y recorren San Gaspar Chajul, Nebaj y San Juan Cotzal, la región donde está asentada la población indígena ixil, catalogada por el Ejército como una zona de apoyo a la guerrilla.
Las acusaciones del Ministerio Público se detienen, también, en el 15 de febrero de 1982, cuando un grupo de militares llevó a un río a Andrés Chamay, a quien le cortaron el cuello tras un disparo en la cabeza.
Veintiséis años después de verlo vivo por última vez, pudieron enterrarlo, pues sus restos fueron identificados por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, parte querellante en las acusaciones junto a la AJR, la cual aglutina a las víctimas de más de 20 comunidades de la región ixil.
Antonio Caba, su presidente y testigo de la matanza estuvo sentado todo el tiempo en la primera fila de la sala de audiencias donde se reconstruyeron otros hechos sangrientos que hablan, además, de violaciones sexuales a mujeres, torturas, desapariciones y detenciones forzadas, robo de ganado, destrucción y saqueo de casas y traslados compulsivos de niños de un lugar a otro.
Tres décadas atrás, a sus 11 años de edad y con un gran miedo a cuesta, Caba solía preguntarse qué animal era el que rondaba El Ilom y devoraba personas?
Otra vez, la espera
Con tres de los cinco altos mandos involucrados en los crímenes que recoge el Informe de Recuperación de la Memoria Histórica, la justicia guatemalteca podría ganar algo de confianza a los ojos de los mayoritarios pueblos indígenas que además sufrieron la mayor carga de discriminación, olvido y pobreza de sucesivos gobiernos.
El 12 de marzo de este año, el Ministerio Público tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos como parte de la etapa intermedia del caso y pidió al juez Gálvez enviar a juicio a los tres militares en retiro. A Lucas García le señaló genocidio, delitos de lesa humanidad y desaparición forzada y otro tanto correspondió a Callejas. En el caso de Noguera mantuvo delitos por genocidio y desaparición forzada.
De nada valieron nuevos intentos de apartar del camino a un magistrado considerado 'incómodo', incorruptible, y que se atrevió a mandar a juicio a un Presidente y su Vicepresidenta (Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, respectivamente) en el Caso La Línea.
La última maniobra apuntaba a que el expediente debía ser conocido por un juzgado de primera instancia y no de Mayor Riesgo en tanto estos no existían cuando ocurrieron los hechos.
El 25 de marzo, la comunidad ixil esperaba atenta la última palabra de Gálvez; sin embargo, todo se vino abajo por una causa mayor. La emergencia sanitaria del nuevo coronavirus Covid19 paralizó semanas antes casi todo el país y también los juzgados.
Mientras, las abuelas y abuelos que viajaron horas desde Nebaj para ver las audiencias, aguardan con calma. Están listos para contar su historia, aunque implique revivir el sufrimiento. Ellos tienen esperanza.
Los hechos reconstruidos se basan en testimonios de las audiencias y en reportes de los medios digitales Plaza Pública y Nómada.